Exigen a Meade no proceder legalmente contra Animal Político

En una carta enviada el pasado miércoles a Animal Político, el equipo del precandidato presidencial por el Partido de la Revolución Institucional, José Antonio Meade amenazó con emprender acciones legales contra el medio y el reportero que publicó la nota “Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría” argumentado que excedieron la libertad de expresión y dañaron moralmente al precandidato.

Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, exigió en un comunicado a José Antonio Meade desistir en emprender acciones legales, pues argumenta que la nota publicada por el portal contribuye a robustecer el debate público.

Este 10 de enero, Animal Político publicó en su portal una nota en donde menciona la presentación formal de 3 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General del la República (PGR) por posibles desvíos 540 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mediante contratos a universidades.

Los contratos por 200 millones de pesos cada uno que Sedesol realizó con la Universidad Politécnica de Chiapas (UPC) involucran a José Antonio Meade, pues fue titular de la Secretaría durante unos meses de la vigencia del contrato.

El precandidato asumió la titularidad de Sedesol el 27 de agosto de 2015, en donde se mantuvo hasta el 7 de septiembre del 2016. El primer contrato que firmó la Secretaría con la UPC tenía una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre del 2015. El segundo contrato fue vigente entre el 6 de mayo y el 31 de diciembre del mismo año.

Los presuntos desvíos de recursos de Sedesol se realizaron mediante un esquema que Animal Político documentó en la investigación “La Estafa Maestra”, publicada en septiembre del 2017 y que fue realizada por otras 10 dependencias de gobierno.

Esta esquema consiste en la contratación de servicios a universidades. Esto es legal, siempre y cuando, las universidades realicen el 51% de los servicios por los que fueron contratados. Sin embargo, en los casos que documentó Animal Político, las universidades contrataron a su vez a otras empresas, algunas de ellas, empresas fantasmas, que no en todos los casos demostraron haber realizado los servicios.

Mediante 2 contratos con la Universidad Politécnica de Chiapas, Sedesol destinó 400 millones de pesos para que la universidad se encargara de la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.

La Auditoria Superior de la Federación, encargada de investigar, solicitó a Sedesol comprobar que la Universidad realizó los servicios que fueron firmados en los convenios. La Secretaría no proporcionó a la ASF ninguna evidencia y posteriormente negó la existencia de dichos contratos.

Se desconoce donde quedó el dinero pagado.

En una carta firmada por Eduardo del Río, del equipo de prensa de Meade, se menciona que la investigación de la Auditoría no es una prueba constitutiva para determinar la existencia del desvío de recursos.

El equipo del aspirante del PRI dijo que dichas aseveraciones son desinformativas y afectan los derechos de los mencionados. De esta forma, amenazaron con llevar acciones legales en contra del portal.

“Se considera que el contenido de la nota referida supera por mucho el derecho a la libertad de expresión con que cuentan los gobernados en un Estado de Derecho, vulnerando la esfera jurídica de terceros, en el caso, los derechos de José Antonio Meade Kuribreña, pues lo ahí manifestado constituye una injuria gratuita a su persona, es por ello que se valorará emprender las acciones legales en contra del portal de noticias que publicó la nota y en contra del autor de la misma”.

Con respecto a la falta de pruebas de la realización de los servicios, mencionaron que los documentos que acreditan el cumplimiento del servicio fueron evaluados por un parámetro subjetivo del auditor. De esta forma, sostienen que las pruebas existen, pero el parámetro del auditor puede ser equivocado.

También argumentaron que, como marca la ley, la Universidad demostró tener la capacidad de realizar los servicios. Si ésta contrató a otra empresa para realizarlos, es responsabilidad de la universidad y no de la Secretaría.

A pesar de que la vigencia de los contratos con la Universidad de Chiapas ocurrieron cuando el precandidato se encontraba en el cargo, recalcaron que estos fueron firmados antes de que el precandidato asumiera la titularidad de Sedesol.

La mañana de hoy, el actual vocero de Meade, Javier Lozano, mencionó que buscarán el derecho de réplica.

Horas después, aclaró que el tweet publicado representa la posición final del equipo de campaña de Meade, dando a entender que buscarán el derecho de réplica por encima de las acciones legal.

Grisel Salazar, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó a BuzzFeed News México que la respuesta de Javier Lozano es una muestra de que el equipo de Meade acepta que la primera reacción fue absolutamente equivocada y que buscan bajar de tono al primer comunicado.

Con respecto al primer comunicado, mencionó que no está acompañado con ninguna prueba documental de que lo publicado por Animal Político sea falso.

“Evidentemente hay derecho de replica, pero el derecho de replica no puede simplemente ser un manotazo de alguien que se enoja y que no se sustenta su propia verdad con pruebas documentales”, comentó Salazar.

Daniel Moreno, el director del medio respondió en una carta publicada la noche de ayer que la nota publicada en el portal corresponde al informe de la Auditoría y a las denuncias penales que estas presentaron. De esta manera argumenta que la carta debió haberse dirigido a la Auditoría y no al portal, quien únicamente retomó el informe.

El informe de la auditoría menciona que hay un “probable” desvío de recursos y una comprobación “dudosa” de los servicios.

En la misma carta, Moreno sostiene que ni Rosario Róbles ni José Antonio Meade son presentados como los los beneficiarios del posible desvío de recursos. Únicamente se alude que fueron titulares de la dependencia durante la firma y/o vigencia de los contratos con los que presuntamente se desviaron recursos.

Artículo 19 emitió un comunicado en donde exige a José Antonio Meade desistir de emprender acciones legales en contra de Animal Político.

La organización considera que anunciar la intención de emprender medidas legales contra el portal corresponde a una estrategia para inhibir el discurso público. Según mencionaron, la censura no afecta únicamente a los periodistas, sino también a la sociedad que busca la transparencia y la rendición de cuentas.

Con respecto al tweet del vocero Javier Lozano, la organización expresó que lejos de reducir el daño, genera más temor sobre el posible amedrentamiento que pueda ser utilizado durante el proceso electoral contra los periodistas.

La organización recordó que los contendientes a un cargo público se presentaron voluntariamente al escrutinio de la sociedad y los medios de comunicación, por lo que sus derechos a la reputación, el honor, el buen nombre y la privacidad se encuentran expuestos.

En la misma línea, Grisel Salazar mencionó que los candidatos a la presidencia están sujetos a un mayor escrutinio y por este motivo, es esencial para la democracia que existan medios que estén realizando dicho escrutinio.

“La investigación de la Estafa Maestra ya se conocía, si esto que ya se sabía amerita un impulse tan agresivo, ¿qué hubiera pasado que se publicara algo que no se sabía?”, mencionó Salazar.

La académica puntualizó que la reacción del equipo de Meade es un síntoma de continuidad de este sexenio y sexenios anteriores de desechar, despreciar y minimizar lo que no les gusta oír.

Sin embargo, es la primera vez que se presencia una amenaza tan abierta durante campañas electorales. Esta es una pista del panorama que se presentará en las campañas electorales.

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